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CONFIANZA INSTITUCIONAL
En Chile
solemos discutir mucho sobre transparencia, mérito y legitimidad en el sector
público, pero rara vez conectamos dos mundos que comparten tensiones
sorprendentemente similares: la Alta Dirección Pública (ADP) y los concursos
académicos universitarios.
Ambos
sistemas nacieron —al menos en parte— como respuestas a viejas prácticas de
discrecionalidad institucional. Ambos buscan profesionalizar espacios
estratégicos. Ambos intentan equilibrar autonomía institucional, mérito,
pertinencia y confianza pública. Y ambos, pese a avances importantes, siguen
enfrentando una pregunta incómoda: ¿cuán claros y coherentes son realmente sus
procesos de selección?
La Alta
Dirección Pública constituyó, sin duda, uno de los mayores esfuerzos de
modernización del Estado chileno de las últimas décadas. Introdujo estándares
técnicos, concursos abiertos y mecanismos meritocráticos que reemplazaron
parcialmente lógicas históricas de designación política. Nadie podría negar ese
avance.
Sin embargo, con el tiempo también emergieron críticas persistentes: alta rotación tras cambios de gobierno; tensiones entre mérito técnico y confianza política; concursos aparentemente abiertos, pero orientados hacia perfiles muy específicos; y percepciones de discrecionalidad difíciles de disipar completamente.
Algo
parecido ocurre hoy en muchas universidades.
En los
últimos años, las instituciones de educación superior han incorporado en sus
discursos conceptos como interdisciplinariedad, vinculación con el medio, salud
comunitaria, innovación educativa o trabajo territorial. Eso representa un
avance relevante respecto de modelos académicos más cerrados y autorreferentes.
Pero a
veces persiste una distancia entre el perfil declarado y el perfil finalmente
priorizado.
Existen
concursos que formalmente parecen abiertos a trayectorias diversas, pero que
operacionalmente terminan favoreciendo perfiles mucho más tradicionales o
previamente definidos por la lógica interna de ciertas unidades académicas. El
problema no es que una institución decida privilegiar determinados perfiles
—eso es completamente legítimo—, sino que dicha orientación no siempre aparece
explicitada con suficiente claridad desde el inicio.
Y allí
aparece el punto central: la confianza institucional.
Ni la ADP ni las universidades necesitan eliminar autonomía para fortalecer legitimidad. Lo que requieren es algo más simple: mayor coherencia entre discurso y práctica; criterios explícitos; perfiles mejor delimitados; y procesos que reduzcan la percepción de arbitrariedad.
Porque
finalmente, tanto en el Estado como en la universidad, las instituciones no
sólo se legitiman por los resultados que producen, sino también por la forma en
que toman sus decisiones.
Y en
tiempos donde la confianza pública se ha vuelto un recurso escaso, la claridad
institucional deja de ser un detalle administrativo para transformarse en una
condición estratégica de credibilidad.
