CONCURSOS ACADÉMICOS, ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA Y CONFIANZA INSTITUCIONAL

  

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CONFIANZA INSTITUCIONAL

En Chile solemos discutir mucho sobre transparencia, mérito y legitimidad en el sector público, pero rara vez conectamos dos mundos que comparten tensiones sorprendentemente similares: la Alta Dirección Pública (ADP) y los concursos académicos universitarios.

Ambos sistemas nacieron —al menos en parte— como respuestas a viejas prácticas de discrecionalidad institucional. Ambos buscan profesionalizar espacios estratégicos. Ambos intentan equilibrar autonomía institucional, mérito, pertinencia y confianza pública. Y ambos, pese a avances importantes, siguen enfrentando una pregunta incómoda: ¿cuán claros y coherentes son realmente sus procesos de selección?

La Alta Dirección Pública constituyó, sin duda, uno de los mayores esfuerzos de modernización del Estado chileno de las últimas décadas. Introdujo estándares técnicos, concursos abiertos y mecanismos meritocráticos que reemplazaron parcialmente lógicas históricas de designación política. Nadie podría negar ese avance.

Sin embargo, con el tiempo también emergieron críticas persistentes: alta rotación tras cambios de gobierno; tensiones entre mérito técnico y confianza política; concursos aparentemente abiertos, pero orientados hacia perfiles muy específicos; y percepciones de discrecionalidad difíciles de disipar completamente.

Algo parecido ocurre hoy en muchas universidades.

En los últimos años, las instituciones de educación superior han incorporado en sus discursos conceptos como interdisciplinariedad, vinculación con el medio, salud comunitaria, innovación educativa o trabajo territorial. Eso representa un avance relevante respecto de modelos académicos más cerrados y autorreferentes.

Pero a veces persiste una distancia entre el perfil declarado y el perfil finalmente priorizado.

Existen concursos que formalmente parecen abiertos a trayectorias diversas, pero que operacionalmente terminan favoreciendo perfiles mucho más tradicionales o previamente definidos por la lógica interna de ciertas unidades académicas. El problema no es que una institución decida privilegiar determinados perfiles —eso es completamente legítimo—, sino que dicha orientación no siempre aparece explicitada con suficiente claridad desde el inicio.

Y allí aparece el punto central: la confianza institucional.

Ni la ADP ni las universidades necesitan eliminar autonomía para fortalecer legitimidad. Lo que requieren es algo más simple: mayor coherencia entre discurso y práctica; criterios explícitos; perfiles mejor delimitados; y procesos que reduzcan la percepción de arbitrariedad.

Porque finalmente, tanto en el Estado como en la universidad, las instituciones no sólo se legitiman por los resultados que producen, sino también por la forma en que toman sus decisiones.

Y en tiempos donde la confianza pública se ha vuelto un recurso escaso, la claridad institucional deja de ser un detalle administrativo para transformarse en una condición estratégica de credibilidad.